Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del ochenta por cien De Los Inmigrantes Argelinos

La polémica política generada en el mes de septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de una treintena de argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados antes a predisposición del juez de guardia, ha derivado en una movilización de los abogados de la región para exigir explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, alarmantes e inclusive irregulares». Concretamente, el Instituto de Abogados estudia elevar una queja frente al delegado del Gobierno, Francisco Jiménez (del Partido Socialista Obrero Español), por el hecho de que solo sesenta y cinco de los quinientos nueve inmigrantes llegados a la urbe en las 2 últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado.

Este colectivo profesional también desea conocer los motivos por los cuales la gran mayoría de estas personas no fueron puestas a predisposición judicial, como sí se ha hecho en decenas y decenas de ocasiones a lo largo de los años. No es una medida ilegal, puesto que el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, mas lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para solicitar autorización para el internamiento temporal, en el expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

Datos clave

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la ciudad el 20 de septiembre, el Municipio tuvo perseverancia a través de taxistas de que estas personas tomaron con rumbo a Barna y Zaragoza, con el objetivo de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, ciertos intentarían lograr posteriormente Bélgica y Alemania.

«No tenemos ni la más mínima idea de si les han gestionado los expedientes o si los han liberado directamente»

Según indicaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores y mujeres embarazadas o bien con menores a su cargo, dos opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda mas remota alternativa es que, al no haber lugar en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'.

Críticas al «efecto llamada»

Tanto en un caso como en el otro, los abogados consideran que se trata de procedimientos no recomendables, por diferentes motivos. Arguyen que los inmigrantes tienen derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», esto es a que haya un control de su situación por parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y agregan que quedan desamparados, en frente de posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o bien el no tener cumplidos los dieciocho años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por la parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un letrado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue avisado para asistir a un detenido por otro asunto mas no a estos.

El Colegio advierte de la posible transgresión de derechos de menores y de demandantes de asilo

Según los datos a los que ha accedido este diario, en datas no precisadas entre el veinte de septiembre y el 9 de octubre pasaron a disposición judicial ciento seis inmigrantes llegados en pateras. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), treinta y uno llegaron al Juzgado de Instrucción tres de Cartagena; sesenta y siete al de Instrucción 4; y ocho al de Instrucción cinco. Esa cifra de ciento seis personas equivale al 20 por cien de los quinientos nueve inmigrantes localizados y rescatados en ese periodo, en frente de las costas de la Zona, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra forma, el 80 por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace unos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron frente al juez.

En teoría, todos los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el auxilio de un letrado. Sin embargo, los datos recabados hasta el día de ayer por el Instituto de Abogados, la corporación que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia 65 personas procedentes del Norte de África. abogados en inmigracion

La mayor parte de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barna y Zaragoza

El miembro del Congreso de los Diputados segundo y responsable del turno de oficio del Instituto, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad festejará en los próximos días una reunión para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, prácticamente con toda probabilidad, la institución demandará de forma oficial explicaciones sobre la actuación de la Policía y del aparato gubernativo del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.

«No tenemos ni la más mínima idea de de qué forma se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha gestionado los expedientes pese a no haber asistencia letrada o si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. abogados de migracion Y añadió que en el Instituto estiman que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -también hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial absolutamente brutal, aun de cara a la competencia del juez penal, si es precisa su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal. honorarios abogados extranjeria

En estas últimas 2 oleadas, la Policía logró que los jueces imputasen a un hombre sospecho de ser el piloto o 'paterista' de una de las embarcaciones, así como a seis por el asesinato por imprudencia de un pequeño de 11 años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.

«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, pues hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede originar una eventual protesta frente al Consejo de Europa. Este especialista apuntó asimismo que los afectados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua castellana y, con esto, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se efectúan con presencia un traductor, para garantizar la seguridad jurídica.

A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de contestar hoy a 'La Verdad' sobre su gestión de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, PP, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial peligro de enfrentamientos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo denunció un «acoso institucional y político», a pesar de «un drama humanitario como la inmigración».

El dispositivo de hace dos años

Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Reunión Regional, entre otras muchas cosas por el hecho de que cincuenta de argelinos pasaron la noche del seis al siete de octubre recostados en sillas, bajo una carpa de lona y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.

En el Instituto de Abogados recordaron que, en octubre de 2017, anterior coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron dos juzgados de guardia, uno de ellos en el pabellón ubicado al Centro Integrado de formación profesional Hespérides. Allí tomaron declaración a 285 de los quinientos treinta y cuatro inmigrantes llegados en más de 50 pateras. Los 150 trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.

Los argelinos terminaron entonces en la cárcel de Archidona (Málaga), en medio de una fuerte polémica por no estar habilitada como CIE. Quien era delegado gubernativo, Francisco Bernabé (del Partido Popular), había llegado al cargo precisamente por el hecho de que el también popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a sesenta argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.