Un locutorio del Raval con un cartel sobre renovación del documento nacional de identidad | Sònia Calvó
Maira activa su rutina de cada miércoles. Ese día, se supone, dan boletos (desde hace poco los dan día tras día, aunque el miércoles es el día que más citas se dan). El móvil en una mano, el PC en la otra. Pero nada. Ni en la aplicación, ni en la página web. Mismo resultado: «No hay cita libre en esta oficina». Ese fue el mantra de esta joven colombiana a lo largo de prácticamente seis meses. A pesar de que lo tenía todo para regular su situación: una codiciada oferta de empleo y sus documentos listos.
La situación de Maira no es aislada. El denuncia el colapso en la Oficina de Extranjería de Barna. Perder las ofertas de trabajo, deportaciones, multas o bien se encuentra entre las quinielas cuando uno no puede acceder a una cita. , y de hecho las fuentes consultadas aseguran que es peor que dos años atrás.
Como Maira, los perjudicados por la falta de citas se ven abocados a un sobrecoste a la hora de administrar sus documentos: mercado informal de boletos en los locutorios o bien, todavía más caro, un profesional del derecho que acelere la obtención de citas.
Maira lleva más de diez años en Barna. Ahora tiene veinticinco. Llegó en 2008 por reagrupación familiar, en pleno estallido de la crisis, y su madre debió ponerse a trabajar en el campo de la hostelería: contratos cortos, cuando no en negro. No cotizaba suficiente y por esta razón no pudo renovar sus papeles, por lo que entró en irregularidad sobrevenida. Hasta hace un par de meses. mejor abogado de nacionalidad española
Pese a la situación administrativa irregular, Maira estudió ESO y bachillerato, y empezó un grado superior pero lo debió dejar para trabajar. Un par de años atrás reunió el valor y el dinero y se metió en administración y finanzas (encontró una escuela donde le dejaban estudiar con pasaporte). «Yo misma llegué a pensar: nunca tendré papeles. Siempre y en todo momento luchando en la sombra en esta ciudad», se decía.
Al acabar el grado, al fin uno de los requisitos –para nada bajo– para regular su situación: una oferta de empleo, de un año y a 40 horas semanales. La cooperativa de Sants (Barcelona) la Ciutat Invisible, una librería arraigada al distrito, le propuso entrar a formar parte de su estructura en septiembre de dos mil diecisiete. Sabía que el proceso no iba a ser fácil. Mas tampoco tal infierno. Reunieron toda la documentación necesaria, mas pasaban los días para entrar a la aplicación o a el sitio web y no había forma. «Lo sentimos mas no hay cita disponible en esta oficina». Maira se intranquilizaba.
Buscando opciones alternativas, un amigo le aconsejó ir a un locutorio. Un mes tras la oferta, entró a uno de ellos, en la calle Joaquim Costa del Raval. Tras solicitarle los datos del pasaporte, le aseguraron que tendría una cita en un par de semanas o un mes. No mentían. Mas se confundieron y le lograron un billete para poner huellas, no para dar documentación. «No me servía, les afirmé que lo sentía».
Maira pagó 20 euros por el trámite. Otras fuentes elevan el costo hasta los cien, dependiendo de la prisa. Ningún locutorio consultado avala que se realice compra y venta, tan solo –admite un empleado de un local del Raval– «gestión». Ni siquiera los profesionales del derecho consultados por Catalunya Plural saben cómo los locutorios acceden a citas ya antes que , que mediante el Colegio de Abogados pueden obtener turno en unos dos meses. Por último, Maira contrató a un abogado, que, por ser un contacto familiar, le salió por otros 100 euros. Podrían haber sido hasta trescientos. Era finales de noviembre.
«Es intolerable que tengan que recurrir a un profesional para administrar una cita», resalta Luciano Banchio, letrado y miembro de la comisión jurídica del Espacio del Inmigrante de Barcelona.
Otra comisión, la de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y también el Defensor del Pueblo llevan más de dos años por la carencia de recursos en la Oficina de Extranjería Barcelona para atender a los migrantes.
«La situación desde hace un par de años ha empeorado. La semana pasada daban cita para octubre. Y el horario en que la dan [miércoles a primera hora] no está publicado, solo lo sabemos los abogados; es muy normal que la gente se halle el ‘no está disponible'», dice Banchio. «El funcionamiento de la oficina ha de ser para un extranjero y no tiene porqué estar acompañado de un letrado o bien un gestor, es como la declaración de la renta, está hecho a fin de que el ciudadano pueda hacerla solo».
Según notifica Banchio, la decana del colegio mandó un escrito días atrás a la Delegación de Gobierno en Barna. Por su parte, la encargada de la comisión de extranjería del ICAB se reunió con la Delegación de Gobierno, y –dice Banchio– la «única» contestación fue que la Dirección General de la Función Pública iba a trasladar la protesta al Centro Directivo en materia de Aplicación Informática. «Ya hace unos años que se dice que faltan funcionarios», asegura Banchio.
Pese a la reiterada solicitud, la subdelegación de Gobierno de Catalunya –administración de la que cuelga la Delegación de Gobierno en Barcelona y, por tanto, la Oficina de Extranjería de Barcelona– no ha contestado a este medio las preguntas sobre la situación de las citas anteriores en la capital catalana.
Maira consiguió su cita a principios de este 2018. En una semana tenía la resolución y, a las dos, ya estaba trabajando en la Ciutat Invisible. «Ya tenía la oferta, lo más bastante difícil. Yo sabía que la Ciutat estaba concienciada, pero no sabía que iba a durar tanto, podía perderla. Si no hubiera sido la Ciutat… ¿De qué forma te va a contratar un empresario sabiendo que no te vas a poder añadir hasta 6 meses después?».